El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de reforma de la Ley de Pesca Marítima del Estado, última gran iniciativa presentada como ministro de Agricultura por Miguel Arias Cañete y que tiene por objetivo impulsar una serie de prioridades clave para la política pesquera española.

Con este proyecto, el titular de Agricultura subrayó, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se «pone al día y se hace más eficiente» la legislación al respecto.

Además, Arias Cañete, que aseguró que esta reforma hará la Ley «más eficiente» y garantizará «la sostenibilidad», destacó, como novedad, que contará con un sistema de penalizaciones para la pesca «similar al carnet por puntos».

En concreto, esta reforma busca mejorar la situación socioeconómica del sector pesquero y acuícola, a través del reconocimiento de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como la potenciación de su diversificación económica.

Este proyecto supone también un paso al frente en la lucha contra la pesca ilegal, cuyo marco jurídico se refuerza significativamente y, en paralelo, aporta simplificación y modernización administrativa en ámbitos como los registros de buques pesqueros o en el procedimiento sancionador en materia de pesca marítima.

Además, esta iniciativa impulsada por Arias Cañete antes de su salto a la candidatura a las elecciones europeas fomenta la participación activa de la mujer a través del importante hito que supone reconocer, en la Ley de Pesca Marítima del Estado, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

Asimismo, el Gobierno apuesta por dinamizar las zonas costeras y dependientes de la pesca, impulsando la generación de riqueza y empleo gracias al desarrollo de actividades complementarias a la actividad puramente pesquera, realizadas por profesionales del sector.

Para ello, se introduce un nuevo capítulo en la Ley de Pesca Marítima del Estado dedicado a la diversificación económica del sector, en el que destaca la potenciación del turismo pesquero o marinero y del turismo acuícola, es decir, de un producto turístico generado en torno a la cultura marinera de los mares y costas.

Finalmente, se desarrolla y regula en particular, una de las actividades más relevantes y novedosas de este ámbito como es la Pesca-turismo, consistente en la experiencia turística de embarcarse a bordo de buques pesqueros con profesionales del sector.

Así, la reforma establece un marco jurídico modélico a nivel internacional, y pretende eliminar cualquier espacio de impunidad para los operadores vinculados a estas actividades, endurecer la respuesta punitiva de la Administración ante las mismas y fortalecer decididamente el régimen de control de importaciones de productos pesqueros. Todo ello, desde el compromiso de evitar y sancionar cualquier participación española en estas actividades.

De esta manera, se definen nuevos tipos infractores relacionados con incumplimientos en materia de importación de productos pesqueros y de vinculaciones a buques incluidos en listas internacionales de pesca ilegal, se amplia el ámbito de aplicación del régimen sancionador para poder actuar frente a buques extranjeros cuyo Estado de pabellón no haya ejercido su competencia sancionadora y se refuerza el control sobre los nacionales enrolados en buques de terceros países.

El proyecto establece también una importante simplificación del actual régimen registral de los buques pesqueros, necesario para asegurar el control de capacidad y esfuerzo de la flota, a través de dos únicos instrumentos.

En primer lugar el conocido Censo de la Flota Pesquera Operativa, en el que se recopilan los datos sobre los buques que faenan en aguas exteriores y los que simultanean éstas con aguas interiores. En segundo lugar, el Registro General de la Flota Pesquera, que aglutina tanto los datos del citado Censo de la Flota Pesquera Operativa como los de los Registros o Censos autonómicos sobre embarcaciones que faenan exclusivamente en aguas interiores y aquéllas al servicio de las instalaciones de acuicultura.

Este Registro General supondrá, por tanto, la parte española del Registro Comunitario de Buques, lo que constituye una exigencia de la Política Pesquera Común.